Congreso del Perú aprueba uso de armas de electrochoque por serenos para combatir inseguridad ciudadana
Congreso del Perú aprueba uso de armas de electrochoque por serenos para combatir inseguridad ciudadana
Congreso peruano aprueba que serenos usen pistolas eléctricas y cámaras corporales activas: una respuesta pragmática ante la creciente ola de inseguridad
Con 88 votos a favor, 6 en contra y sin abstenciones, el Congreso de la República del Perú ha aprobado una medida legislativa que faculta a los serenos municipales el uso de armas de electrochoque para la prevención y disuasión del crimen. La norma, resultado de la unificación de los proyectos de ley 7874 y 10075, busca fortalecer el rol de los cuerpos de serenazgo ante el dramático ascenso de la inseguridad ciudadana.
Hasta la fecha, el 2025 ha registrado 597 asesinatos, según datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Esta cifra ha intensificado la presión social y política para actuar con urgencia frente a fenómenos como el sicariato, la extorsión y la delincuencia común, particularmente en zonas urbanas de alta densidad.
La legislación, impulsada originalmente por la Municipalidad de Santiago de Surco, incluye una lista de medios de defensa permitidos: bastones tonfa, grilletes, escudos, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas, cámaras corporales activas y, ahora, pistolas eléctricas. Este nuevo equipamiento está supeditado a un requisito clave: la capacitación formal del personal.
Según la norma, los serenos deberán ser entrenados en el uso técnico, legal y ético de estas armas menos letales. Los programas formativos contemplan prácticas en polígonos de tiro, simuladores y protocolos de reducción de riesgos. Esto responde a la necesidad de profesionalizar la seguridad local sin vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El argumento central de los proponentes es la eficacia probada de este tipo de dispositivos en contextos similares, como Estados Unidos. Estudios comparativos muestran que las armas de electrochoque han reducido significativamente el uso de la fuerza letal, posicionándolas como una alternativa intermedia entre la disuasión física y el uso de armas de fuego.
Uno de los aspectos más debatidos ha sido la exoneración de responsabilidad penal. De acuerdo con el artículo 20 del Código Penal, si un sereno actúa conforme al reglamento y ocasiona lesiones durante el cumplimiento de su deber, no será considerado penalmente responsable. Esta cláusula ha generado opiniones encontradas entre expertos en derechos humanos y operadores del sistema de justicia.
La decisión del Parlamento llega tras un paro nacional de transportistas, cuyas demandas incluían medidas más severas contra la delincuencia. El momento político no es casual: se trata de una respuesta que busca transmitir acción y control, en un contexto donde la percepción ciudadana de inseguridad no deja de crecer.
Ecosistema de seguridad: tecnología, estrategia y prevención
Más allá del debate legislativo, el avance de esta norma abre un espacio para la consolidación de un ecosistema integral de seguridad ciudadana. La lucha contra el crimen organizado y la violencia urbana no solo requiere decisiones políticas firmes, sino también infraestructura tecnológica y capacidades operativas adecuadas.
En ese contexto, empresas especializadas como GGroup vienen desempeñando un papel estratégico en el diseño y fortalecimiento de soluciones locales. A través de la elaboración de perfiles y expedientes de Seguridad Ciudadana, así como la provisión de bienes especializados —desde cámaras de seguridad pública, drones tácticos, vehículos patrulleros equipados, hasta sistemas de geolocalización (GPS) y bloqueadores de señales de micrófonos y celulares—, el sector privado se convierte en aliado técnico de los municipios que buscan respuestas sostenibles ante una problemática cada vez más compleja.
Asimismo, para cumplir con los nuevos protocolos de intervención y garantizar la trazabilidad de los actos del personal en campo, resulta fundamental la implementación de cámaras corporales activas (también conocidas como bodycams o cámaras testigo). Estos dispositivos permiten documentar de forma continua y transparente las intervenciones, brindando soporte clave tanto en materia administrativa y legal, como en la capacitación y control interno.
El uso de cámaras corporales activas fortalece la rendición de cuentas, reduce los conflictos en la vía pública y permite un seguimiento detallado de cada procedimiento operativo. Su presencia también actúa como un disuasivo, promoviendo comportamientos más prudentes tanto por parte del personal como de los ciudadanos intervenidos.
Estas soluciones tecnológicas —junto con las armas de electrochoque, chalecos antibalas y otros equipos— conforman un sistema integral que debe ser gestionado con visión, planificación y sostenibilidad. La profesionalización del serenazgo y la incorporación de herramientas disuasivas no letales deben ir acompañadas de inteligencia preventiva, análisis territorial y uso eficiente de recursos. La tecnología no reemplaza la presencia humana, pero la potencia; no decide, pero orienta.
Mirada al futuro inmediato
Ahora, el futuro de esta medida está en manos del Poder Ejecutivo. La presidenta Dina Boluarte deberá decidir entre promulgarla o devolverla al Congreso con observaciones. En cualquier caso, la norma ya ha marcado un nuevo capítulo en la historia reciente de la seguridad ciudadana en el Perú.
Su implementación efectiva —desde la capacitación del personal hasta la adquisición responsable del equipamiento— dependerá del trabajo conjunto entre autoridades locales, operadores legales, empresas proveedoras y la ciudadanía. Frente a un panorama desafiante, la seguridad pública se redefine no solo como una exigencia social, sino como un compromiso de gestión integral.
En este nuevo escenario, las cámaras corporales activas se posicionan como un estándar moderno y necesario para cualquier estrategia de seguridad municipal. Su despliegue coordinado con otros dispositivos de vigilancia y control convertirá cada intervención en un ejercicio de responsabilidad, prevención y transparencia.
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