Perú avanza en integración policial y videovigilancia regional como estrategia clave contra la delincuencia
Perú avanza en integración policial y videovigilancia regional como estrategia clave contra la delincuencia
En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la Comisión de Descentralización del Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 10414/2024-CR, el cual faculta la participación directa de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los centros de monitoreo y videovigilancia de gobiernos regionales y municipales.
Bajo esta iniciativa, dichos centros estarán obligados a contar, al menos, con un efectivo policial en sus instalaciones, lo cual permitirá una coordinación más fluida y en tiempo real con las centrales de la PNP. Este enfoque no solo mejora la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas, sino que también optimiza el uso de los recursos tecnológicos ya existentes en muchas jurisdicciones.
La congresista Ana Zegarra Saboya, presidenta de la comisión y promotora del dictamen, señaló que el objetivo es “perfeccionar el sistema nacional de seguridad ciudadana”, garantizando una respuesta inmediata y articulada frente al crimen, sobre todo en zonas donde la violencia urbana y el crimen organizado muestran un crecimiento sostenido.
Otros legisladores, como Javier Padilla Romero, destacaron la eficiencia operativa de conectar los sistemas regionales con la plataforma nacional de videovigilancia, lo que permitirá una reducción sustancial en los tiempos de reacción ante eventos delictivos.
Sin embargo, no todos los legisladores coincidieron en los beneficios operativos del proyecto. La congresista Magally Santisteban Suclupe (Fuerza Popular) planteó una reserva técnica: a su juicio, la presencia física de un policía en el centro de videovigilancia no es imprescindible si ya existe una interconexión digital con las unidades de la PNP. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de reducir la presencia policial en las calles si se destinan agentes a funciones de monitoreo interno.
Pese a los cuestionamientos, el dictamen fue aprobado con 16 votos a favor y solo cuatro abstenciones, lo que refleja un amplio consenso político en torno a la urgencia de modernizar los mecanismos de seguridad en todo el país.
Este marco legal cobra especial relevancia para los gobiernos regionales y municipales que ya han comenzado a fortalecer sus capacidades técnicas a través de alianzas estratégicas con proveedores especializados en el sector. En ese sentido, empresas como GGroup se han posicionado como actores clave en el desarrollo de soluciones integrales para Seguridad Ciudadana, brindando desde la elaboración de perfiles y expedientes técnicos hasta el suministro de equipamiento esencial como:
- Cámaras de seguridad pública
- Drones de patrullaje aéreo
- Patrulleros
- GPS de geolocalización
- Bodycams (cámaras corporales o cámaras testigo)
- Bloqueadores de micrófonos
- Bloqueadores de celulares
El uso de bodycams, en particular, ha cobrado importancia en los últimos años por su capacidad de registrar objetivamente las actuaciones del personal policial, disuadir el uso excesivo de la fuerza y proporcionar evidencia confiable en procedimientos legales. Estas herramientas contribuyen significativamente a la transparencia operativa y a la confianza de la ciudadanía.
En un contexto nacional donde la inseguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población peruana, especialmente en regiones con limitaciones logísticas, esta reforma legislativa marcará un precedente para la cooperación interinstitucional en materia de vigilancia y control urbano.
La promesa: transformar los centros de monitoreo regionales en verdaderos nodos de inteligencia preventiva, capaces de responder al crimen con velocidad, tecnología y presencia efectiva.
Tags : Actualidad Noticias Seguridad Ciudadana
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